La Covid-19. El ICO y la colaboración pública-privada bancaria.

Un artículo de Ramón Casilda Béjar.

Publicado en el Diario Nueva Tribuna el 10 de junio de 2020. Link al artículo en Nueva Tribuna

Ayer miércoles 9 de junio de 2020, se cumplieron ocho años del rescate del sistema financiero español. Entonces el sábado 9 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó a la Unión Europa una línea de liquidez por valor de hasta 100.000 millones de euros.

Ahora, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha aportado una línea de avales del Estado hasta 100.000 millones de euros (Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo en su artículo 29), para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, que perturba con una intensidad el orden económico de nuestro país a una velocidad y escala desconocida desde la Guerra Civil. Incorporando una complejidad tan enorme, que la gran cantidad de hechos nos hace ver que estamos ante una situación económica “única”.

El Gobierno según los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, de 10 de abril , de 5 de mayo  y de 19 de mayo, estableció la activación de cuatro tramos de la “línea de avales”, que se han distribuido de la siguiente manera: Pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos: 60.000 millones de euros.  Empresas no pymes: 20.000 millones de euros. Los avales, garantizan el 80% de los créditos concedidos por los bancos a las pequeñas y medianas empresas, y entre el 60% y el 70% a las grandes.

La línea de avales, establece una efectiva colaboración pública-privada que gestiona el ICO,  con la participación de los bancos que son los que concedan la financiación pertinente a empresas y autónomos para neutralizar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, garantizando la liquidez y cubriendo las necesidades de circulante de autónomos, pymes y empresas, con el fin de mantener la actividad productiva y el empleo y así detener la destrucción del tejido empresarial español.

Esta línea de avales de 100.000 millones de euros representa casi el doble de las ayudas financieras que el Estado aporto en el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que según el Banco de España (BE) en su nota informativa del 20 de noviembre de 2019, marcaba un saldo neto de 42.561 millones de euros al 31 de diciembre de 2018.

El Banco de España publica periódicamente desde 2013, notas informativas sobre las ayudas financieras aportadas en el proceso de reestructuración del sistema financiero español durante el período 2009-2018.

La nota del 20 de noviembre de 2019, actualiza la información teniendo en cuenta los datos públicos disponibles a 31 de diciembre de 2018, proporcionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), informando que desde 2009, las ayudas en forma de apoyo de capital han ascendido a 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del FGDEC (saldo bruto 64.098 millones de euros). Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades, hasta un total de 5.225 millones de euros —de los cuales, el FROB ha recuperado 4.477 millones y el FGDEC 748 millones— (saldo neto 58.873 millones de euros).

Además de las aportaciones de capital, se estiman los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta, cuyos importes actualizados se cifran en 12.480 millones de euros en el caso de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y 1.908 millones para otras garantías (algunas de ellas ya ejecutadas).

El Banco de España totaliza el coste de las ayudas al sistema financiero asumido por el Estado a través del FROB y por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en 65.474 millones de euros. Este nuevo cálculo supone un incremento de 1.376 millones que en gran medida se explica porque el FROB, como principal accionista de Bankia, valora en 9.560 millones su participación, y no en los 9.857 millones de la estimación de la nota informativa del 23 de noviembre de 2018.

A esta recuperación estimada de 9.560 millones, se sumarían los 5.225 millones ya recuperados (4.477 millones por el FROB y 748 millones por el FGD) con lo que en total se podrían recuperar 14.785 millones de euros.

En total las ayudas concedidas por el Estado a través del FROB suman 56.679 millones de euros, de los que 54.353 son apoyos en forma de capital y de instrumentos híbridos, 831 millones lo fueron a través de Esquemas de Protección de Activos (EPA) y 1.495 millones, en garantías concedidas en los procesos de integración y venta.

Casi la mitad de las ayuda se adjudicaron a Bankia, BFA y BMN, totalizando 24.069 millones, seguido de Catalunya Banc (12.052 millones) y Novacaixagalicia (9.052 millones). Las cantidades ya recuperadas en sus mayores cuantías corresponden a Banca Cívica (977 millones en preferentes que fueron devueltas con la integración de la entidad en CaixaBank); CajaSur (800 millones) y Novacaixagalicia y Catalunya Banc, (783 y 782 millones respectivamente).

 

Dado que el importe recuperable por el FROB son 9.560 millones de euros, la factura neta  para el Estado es de 42.642 millones de euros, que después de diversos ajustes contables se queda en 42.561 millones. A esta cantidad,  hay que sumarle las aportaciones del propio sector financiero a través del FGD, cuyas ayudas alcanzaron los 21.807 millones de euros por medio de EPA (11.649 millones), participaciones en el capital e instrumentos híbridos (9.745 millones) y garantías (413 millones). De la cantidad total, el FGD ha recuperado 748 millones, con lo que su aportación al rescate de las cajas suma, después de ajustes, 23.164 millones de euros.

 

El Banco de España totaliza las ayudas del FROB más la del FGD en 65.725 millones de euros por el rescate de las 15 Cajas de Ahorro llevadas a cabo entre los años 2008 y 2012. Pero además están las provisiones realizadas para hacer frente a los costes derivados de las garantías concedidas en los procesos de integración y venta que aumentaron en 890 millones de euros por los cambios en los EPA registrados en la CAM y en Unnim lo que totalizan 66.615 millones de euros. Aunque los fuertes incrementos de éstos últimos fueron ligeramente suavizados por la reducción de estas garantías en Catalunya Banc y Novacaixagalicia.

Como se ha indicado, la totalidad de las aportaciones del Estado por medio del FROB destinadas al rescate del sistema financiero español se elevan 56.679 millones de euros.

El balance que hacía el Banco de España, resultaba poco optimista dado que da por perdidos 42.561 millones de euros. ¿Perdidos? Seguiremos de cerca las siguientes notas informativas del Banco de España, son cantidades altamente importantes y aún más en estos momentos sobre los cuales no hace falta demasiado insistir sobre la gravedad de la economía, el empleo, las familias y para el conjunto de la sociedad española.

Respecto a la colaboración pública-privada, saquen ustedes sus propias conclusiones, sobre si la aportación del ICO comprometiendo ayudas tan relevantes como ventajosas para la banca, no significa una efectiva colaboración para evitar casi seguro que ningún banco español vaya a tener que ser rescatado o intervenido, aunque probablemente los más débiles tendrán dificultades, comenzando por la morosidad.

No obstante, los avales y las moratorias de crédito la aminoraran, aunque seguramente subirá, pero no hasta los niveles de la crisis de 2008, de hacerlo, obligarán a las entidades a ampliar capital o a fusionarse, aunque esto sería complicado dados los bajos niveles de cotización.

 

El Banco de España ha dictaminado que el sector solo tiene suficiente capital para soportar una tasa de mora del 13,8%, inferior a la anterior crisis financiera. Pero los analistas estiman que no se llegará a estos niveles. Dos son las razones.

La primera es que les favorece la línea de avales al garantizarles el 80% de los créditos a las pequeñas y medianas empresas, y entre el 60% y el 70% a las grandes. Por ejemplo, si una empresa tiene un crédito que vence en diciembre de 2020, lo que ha hecho su banco (o sus bancos) es sustituirlo por un ICO con vencimiento en diciembre de 2025 y además puede ampliarle el importe ya que en el peor de los casos el crédito entrará en mora hacia 2025.

También el riesgo para el banco disminuye en un 60% para la parte refinanciada y en un 70% para la parte ampliada, que en ambos casos es lo que asume el ICO. Y si finalmente el crédito entra en mora en diciembre de 2025, el banco solo contabiliza la parte proporcional. Y directamente si no entra en mora, se reducen los activos ponderados por riesgo (APR) que son con los que se calculan la ratio de capital de los bancos de máxima solvencia (Tier1) y por tanto automáticamente sube, evitando acudir al mercado. Lo cual aleja la probabilidad de una ampliación de capital o fusión.

La segunda razón, es que se frena la escalada de la morosidad y las provisiones de las moratorias de las hipotecas y del conjunto de los créditos de los particulares. Estas moratorias lo que hacen es alargar el vencimiento del crédito. Si se trata de una hipoteca a 20 años y se aplazan los pagos seis meses, vencerá en 20 años y seis meses. El BCE ha permitido que los préstamos que se acojan a esta figura no computen como morosos, para que no haya que provisionarlos y que no consuman capital.

Al respecto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, 8 de junio de 2020), publico el ejercicio de transparencia analizando 127 entidades de la Unión Europea (UE), siendo la conclusión de que el sector está más fuerte que en la crisis de 2008. Sin embargo, la banca española marca el nivel de capital más bajo de la UE. El ratio de capital de máxima calidad, denominado CET 1 (fully loaded) es del 11,9%, siendo inferior a la media, situado en el 14,8%. Este es un problema tradicional de la banca española, si bien en los últimos trimestres ha progresado, aunque está claro que no lo suficiente. Los bancos, argumentan de que su negocio minorista, es decir, de familias y empresas, tienen menor impacto que la banca de inversión, y, por lo tanto, necesita menos recursos propios.

Por todo lo cual, confiemos que esta colaboración pública-privada que favorece ampliamente la recuperación de la economía española, continúe desde nuevas y dinámicas actuaciones a favor del las empresas y el empleo, en definitiva de la economía española y de todos nosotros. Y que los bancos canalicen los recursos eficientemente en cantidad, precio y tiempo al tejido empresarial español, en justa reciprocidad.

Ramón Casilda Béjar

 Profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)

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